viernes, 26 de agosto de 2011

GANO EL "NO" A LA REPRESA AYUI

Tras el revés, aranda y soros anunciaron que “no van a seguir adelante” con la obra

Para Medio Ambiente, la represa de Ayuí es legalmente incompatible

Publicado el 26 de Agosto de 2011

La Secretaría que dirige Juan José Mussi advirtió que el emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín compromete la responsabilidad internacional del Estado. “Causará perjuicio sensible al río Uruguay”, expresó.
  La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resolvió ayer que las obras del Proyecto Ayuí Grande “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Mediante la Resolución 1238/11, también determinó que el emprendimiento arrocero que encabezan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Tal como lo denunció Tiempo Argentino el 8 de agosto de 2010,  esta polémica iniciativa suponía la apropiación de un curso de agua por parte de dos privados, la inundación de 8000 hectáreas de tierras con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en la localidad correntina de Mercedes. El proyecto, alentado por el incremento del precio de los granos en el mercado internacional, buscaba producir 23 mil nuevas hectáreas de arroz, y contaba con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien la semana pasada enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
A raíz de la investigación periodística de este diario, en noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio pasado, la Corte dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto daño ambiental que podría generar el emprendimiento “no puede encontrar cabida en esta causa” en tanto que excede su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar. En ese marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un informe crítico sobre los eventuales impactos negativos del emprendimiento. Allí concluyó que “el Proyecto Productivo Ayuí Grande constituye un peligro de daño grave e irreversible” ya que contempla “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y los cambios en el régimen de pulsos de inundación aguas abajo”. Además agrega que el aspecto más preocupante de la propuesta es “establecer compensaciones económicas ante la imposibilidad de aplicar medidas de mitigación, dado que el bien colectivo ambiente es un bien no monetizable, ni disponible por los beneficiarios de manera exclusiva o en forma sustentable”.
Las reacciones de las ONG que se opusieron a la construcción de la represa no tardaron en llegar (ver recuadro).
 Emilio Spataro, de Salvemos al Iberá, celebró la medida y afirmó: “Esto demuestra que todo lo actuado en Iberá fue tenido en cuenta, y es de una enorme satisfacción para las comunidades ribereñas afectadas por estas obras ilegales.”
En tanto, el lapidario informe contra el Ayuí no cayó nada bien en el entorno del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de Copra SA y mano derecha de Aranda, Ricardo Freire, señaló que la resolución ministerial “desautoriza las leyes provinciales dictadas por el Estado de Corrientes”, ya que “nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales correspondientes y estábamos en condiciones de comenzar las obras, pero ahora nuevamente nos vuelven a frenar”. Al mismo tiempo, manifestó que “esta situación nos sobrepasa, quedamos en el medio de un conflicto entre el Estado provincial y el nacional; y hasta tanto no se aclare el panorama, no vamos a seguir adelante”. <

sábado, 13 de agosto de 2011

Zaffaroni y los perjudicados del paco.-entrevista-

RAUL ZAFFARONI DARA EXPLICACIONES Y ALERTA CONTRA UN “CENSURISMO”



“Tengo toda la documentación y contestaré”
El juez afirma que no desea protagonizar ninguna epopeya. Dice que los medios deben distinguirse
del amarillismo y rechaza una regulación estatal de prensa.
Y deja una hipótesis sobre quién puede sentirse perjudicado y por qué.

Por Martín Granovsky


El juez de la Corte Suprema de Justicia dice que no está en contra de la investigación periodística, sino del hostigamiento personal y la intervención en su intimidad, ofrece explicar el caso de los departamentos supuestamente alquilados por una inmobiliaria a prostitutas y revela que en los últimos años participó junto con la Policía Federal de un plan que derivó en cien causas ya instruidas por tráfico de cuatro millones de dosis de paco.

Tal como publicó ayer Página/12, Zaffaroni reconoce que tiene una cuenta en Suiza. Dice saber que esa frase despierta fantasmas y por eso aclara que se trata “de la exacta suma que consta en todas mis declaraciones reiteradas a través de los años incluyendo la de AFIP”, y es la cuenta que tenía cuando su pliego a ministro de la Corte Suprema fue discutido y aprobado en el Senado en el 2003. En ese momento, afirma, “tenía 45 mil dólares, por sueldos y honorarios cobrados en el extranjero por trabajos para organismos internacionales”. Dice que la AFIP tiene registro de sus bienes y añade que “a esto se agrega un solo depósito importante, de 70 mil dólares, que es el importe del Premio Estocolmo de la Asociación Sueca de Criminología, en perfecta transferencia documentada del banco sueco al suizo”.

“Me llama la atención que los medios que casi ni mencionaron ese premio, que es el máximo mundial de mi especialidad y otorgado por un jurado internacional, ahora quieran imputarme la ‘cuenta suiza’”, cuestiona. “No es el Nobel (si lo fuera sería de un millón de dólares), pero es el equivalente ante la ausencia de otro más importante. Ahora seguiré con el trámite, me depositarán el dinero en mi cuenta aquí. Creo que el Premio Estocolmo en buena medida es un reconocimiento a nuestro país y a sus criminólogos y juristas y, por ende, tal como lo dije, el importe de ese premio lo distribuiré en un 50 por ciento para fundaciones y otro 50 por ciento para las Madres de Plaza de Mayo, las Madres Línea Fundadora y las Abuelas”, dice Zaffaroni, que antes había concedido una entrevista en el programa Sostiene Granovsky, de CN23, que se transcribe aquí, en la que habló de “un escándalo provocado, un hostigamiento, una campaña de desprestigio que excede a mi persona y va contra las instituciones”.

–¿Contra la Corte Suprema?

–La excede. Va contra la República. No porque yo sea la República. Si esta metodología se generaliza esto tendría varias consecuencias. Primero, el riesgo de destrucción cíclica de personas que tengan menos espaldas que las que tengo yo. Segundo, un efecto sobre algo que nos ha costado mucho conseguir: la libertad de expresión. Algunos creemos que la mejor ley de prensa es la que no existe.

–Por eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula contenidos sino que administra el espectro.

–Es que no hay mejor ley de prensa que la Constitución.

–La libertad.

–Exactamente. Pero contra esto hay censuristas. Gente que quiere censura. Si esto se generaliza y las campañas son contra todos, los censuristas podrían tener éxito.

–Pero la investigación periodística no es hostigamiento.

–No creo que sea investigación tener un equipo parado frente a mi casa fotografiando a quien entra y quien sale y fotógrafos siguiendo por la calle para fotografiar a cualquier persona. O fotografiándome a mí. No me refiero a cuando aparecen los muchachos trabajando. Hablo de las 24 horas por día.

–¿Esto supondría diferenciar entre esta forma y cualquier publicación de informaciones u opiniones?

–Exacto. No es lo mismo. Y otro riesgo más es la generalización del método. Silvio Berlusconi lo usó contra un periodista católico. Es ataque y hostigamiento hasta quebrar psicológicamente a alguien. Esto podría inducir a pensar que la gente crea que son todos iguales. Es como explotar un camión atmosférico con su contenido en un espacio de 360 grados. “Son todos iguales” es la antipolítica. Termina en alguien que dice: “Sí, son todos iguales. El único puro soy yo”. Adolf Hitler.

–¿Tan dramático?

–La antipolítica es dramática.

–¿Hay condiciones sociales para ese drama en la Argentina?

–Nunca estoy seguro de que pueda no haberlas. Mejor no incentivarlas. Nunca la política satisface del todo a la población. Por más que haya pluralidad, nunca el Estado hace bien todo, a veces tenemos que optar, nunca nos gusta todo. Siempre hay elementos de antipolítica. Por eso no hay que incentivarlos.

–¿El hostigamiento está mal lo haga quien lo haga?

–Por supuesto. Es un límite. Y hablo de un límite ético autoimpuesto por los medios. Si no hay ese límite, un día los censuristas van a ganar.

–Los códigos periodísticos son razonables: no mentir, no pagar por una nota, no cobrar por una nota, chequear la información. El más famoso, el de The Washington Post, establece que en última instancia es el editor quien calibra si la información pasa ese filtro. O sea que los códigos, además de razonables, son tautológicos.

–En la ciudadanía todos nos comportamos de acuerdo con ciertas pautas éticas. Hay cosas que el Código Penal no prohíbe que uno no debe hacer.

–En la Argentina últimamente la palabra “república” se usa como ideología.

–Mi definición es simple: es la res pública. La cosa pública. Lo que nos atañe a todos.

–¿Cuál fue la secuencia de reacciones ante el primer dato difundido sobre los departamentos?

–Primero la sorpresa ante algo que no conocía. Luego pensé que había la sana intención de algún denunciante. Pero muy pronto me sorprendió que no me lo hubieran comunicado. Me fui poniendo al tanto de los acontecimientos y la realidad y tomé las medidas para desalojar los inmuebles. Nunca recibí una carta documento denunciando que un inquilino desnaturalizara el contrato y violara el reglamento de copropiedad.

–¿Y ahora? ¿Cuál es la reflexión sobre el error?

–No cometí ningún error. Le dije a un apoderado que se ocupara. Si el apoderado –un amigo, una persona grande– se equivocó de inmobiliaria, se resolverá. Los alquileres se pagan en la inmobiliaria. No conozco a ninguno de mis quince inquilinos. Me desentendí.

–¿Por qué?

–Me dedico a mi función de ministro de la Corte, a dar clase, a escribir. No soy una persona ávida de dinero. No hay mortaja con bolsillo. Y bueno, a veces alguna cosa sale mal.

–Uno de los cuestionamientos de quienes no imputan delitos o infracciones dice: “Zaffaroni debió haber tenido más cuidado”.

–Hay gente que piensa eso. Que uno debe cuidarse permanentemente de cualquier cosa, aunque sea correcta, no sea que uno ofrezca un flanco. Yo no pienso vivir como un paranoico. Si tengo que hacer eso me voy a mi casa. Soy una persona normal, no tengo custodia, ando por la calle, voy a restaurantes, nunca me prevalgo de privilegios, hago la fila como cualquiera... Nadie me pidió que viva como paranoico.

–¿Ni siquiera ahora?

–No.

–¿Y las reacciones en la calle?

–Nadie me criticó. Fui al Teatro Cervantes a un espectáculo magnífico y en determinado momento, al final, la gente aplaude, alguien grita mi nombre y el público termina aplaudiéndome a mí. La platea estaba llena. Casi me pongo a llorar. Nunca me había pasado eso.

–Jorge Vanossi escribió en La Nación que debe haber “un pedido fundado de licencia” hasta que el Congreso lleve las actuaciones adelante.

–Tengo entendido que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá después de las elecciones primarias del 14 de agosto. Hasta ese momento hay pedidos de informes. No hay investigación en curso. Yo estoy dispuesto a ir a la comisión que sea, tengo toda la documentación y contestaré lo que sea. La imputación me afectaría éticamente pero no está afectando a la función. Nadie habla de irregularidades cometidas en mi función de juez de la Corte.

–Lo dijo el mismo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

–La discusión pública trata de hechos relacionados con el manejo de mis inmuebles y no tiene nada que ver con mi función.

–¿Está verificado si alguien pudo haber cometido algún delito?

–En cuanto a mi persona, en muchos casos no conozco ni siquiera los inmuebles. Algunos de ellos los cambié por venta de unos terrenos y en consecuencia mi única vinculación es la firma de la escritura. Mi apoderado encargó a la inmobiliaria la tarea de administrar. En el contrato está la inmobiliaria y los contratos son los de precios de plaza. En cuanto a lo que puede haber sucedido dentro de los inmuebles, no lo conozco. Puede ser simple ejercicio de la prostitución, que no sería ningún delito. Puede ser otra cosa que no conozco y por la cual no puedo abrir juicios sin saber qué pasó. Si uno calcula todo como causalidad debe recordar un viejo dicho: “El carpintero que fabricó la cama sería responsable del adulterio que se cometió sobre esa cama”. No, no hay causalidad. No se me puede responsabilizar ni siquiera de un homicidio que pueda haberse cometido en un inmueble alquilado por mí.

–¿Es una hipótesis?

(Ríe.) –Espero que no encuentren un cadáver.

–¿Es una presunción conspirativa?

–Veo cosas raras. Ayer apareció en mi casa y habló con algún personal mío una señora rubia que dijo que ejercía la prostitución y quería conversar porque ella se ofrecía a prestarse para una coartada y podía decir que tenía un vínculo afectivo con alguien de mi entorno que me había traicionado. Puede ser una persona desequilibrada, puede ser una coincidencia...

–¿Qué es, jurídicamente, una coartada?

–Es una forma artificial de montar una prueba para eludir responsabilidades. No necesito ninguna coartada.

–Hay opiniones diversas. Ricardo Alfonsín dijo que “un miembro de la Corte Suprema debe dar un paso al costado”. Francisco de Narváez dijo que “hay que esperar que surjan las evidencias”. Lorenzetti recalcó que en este caso no hay ningún cuestionamiento a las sentencias dictadas en la Corte. La diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano dijo que “cuando uno ocupa un puesto en la Corte Suprema de Justicia no puede darse el lujo de ese descuido”. José Luis Gioja dijo que “se ha metido mucho la politiquería”. El diputado Eduardo Macaluse, del SI, dijo que tenía buen concepto y que hay que dar explicaciones en el Congreso pero sin hablar ya de juicio político. Federico Pinedo, del PRO, dijo que “Zaffaroni tiene que ir al Congreso a dar explicaciones a los diputados”. Alberto Rodríguez Saá dijo que “si el doctor Zaffaroni no tiene nada que ver habrá sido víctima de una situación”.

–Una respuesta ya la di antes. No voy a asumir “sumo cuidado”. Eso viene de la frase de la mujer del César.

–“No debe serlo sino también parecerlo”.

–Sí. Eso suele terminar en que la mujer del César no parece pero es adúltera. Yo soy como soy. No quiero parecer nada sin serlo. Soy auténtico. Hasta puedo tener desorden en el manejo de mis bienes o delegar sin tener cuidado. Lo asumo. ¿Eso es causal de juicio político? Creo que no. No voy a vivir como un paranoico. En cuanto a la opinión de don Ricardo Alfonsín, la respeto y le tengo un gran respeto a él, pero si la seguimos, estaríamos todos en manos de la prensa amarilla. Van a terminar diciendo que soy fundador del Club Varsovia, el que manejaba la prostitución...

–¿La mafia de las polacas de la Zwi Migdal?

–Sí. La de los años ’30. Si todos fuéramos considerados sucios, todos deberíamos renunciar. Ya lo dije: estoy dispuesto no sólo a dar explicaciones sino a aportar documentación.

–En la Argentina no hay tradición de meterse con la vida privada de los funcionarios públicos.

–Es así, pero además en este caso hay hostigamiento. ¿Qué vacuna puede haber? Estoy en contra de una ley de prensa que regule contenidos y estoy en contra de toda forma de censura. Los mismos medios deben distinguirse entre cuáles son los serios y cuáles son los amarillos, y denunciar el amarillismo. El amarillismo no molesta si en un determinado momento es visualizado como tal. Como la pornografía. Si el amarillismo dice cualquier cosa y todos sabemos que es así, bueno, que digan cualquier cosa.

–Cuando un funcionario, en este caso un ministro de la Corte, dice “vida privada”, ¿a qué se refiere? ¿A los bienes?

–No. En el caso de un funcionario los bienes y las cuestiones patrimoniales o la eventual deshonestidad administrativa o la corrupción no son un tema privado. Lo privado es meterse en la casa.

–Si los medios o los periodistas se distinguen del amarillismo, ¿qué deberían hacer los dirigentes políticos como prevención?

–Ser prudentes. Y la mayoría lo fue. No se prendió en esto de manera irresponsable. Me parece correcto que alguien opine que yo deba dar explicaciones.

–La tradición norteamericana es meterse en la vida privada de los políticos o los funcionarios.

–Es producto de una tradición cultural puritana. Es la que ha sido madre de todos los prohibicionismos, como el del alcohol, con todas las consecuencias.

–La Ley Seca, que terminó estimulando la violencia y la mafia.

–Claro, pero partía de algo: una reacción del grupo inmigrante originario frente a los nuevos inmigrantes de raíz irlandesa, griega, italiana que, católicos o luteranos, traían la tradición de la taberna.

–Franklin Delano Roosevelt fue el que terminó con la Ley Seca en 1933, en plena crisis. Y Roosevelt no sólo intervino en el mercado...

–Alguno podría tildar a Roosevelt de populista, ¿no?

–... sino el que evita que el pueblo norteamericano caiga en una forma de fascismo en el mismo año en que Hitler llegó al poder.

–El prohibicionismo empieza prohibiendo la marihuana porque la llevaban los mexicanos. Y sucede mucho antes que el opio, cuando el opio es mucho más grave. Y el opio se prohíbe más bien como reacción a la inmigración china. El puritanismo crea la tradición de meterse en la vida íntima.

–La tradición francesa es distinta. O era.

–Presidentes de Francia tuvieron hijos extramatrimoniales que salieron a la luz después de que fallecieron.

–¿Una sociedad menos prohibicionista es una sociedad más libre?

–¡Claro! En la medida en que uno se mete en la intimidad de la persona es que quiere regularle la intimidad.

–¿La Argentina es más prohibicionista o más libre?

–La intimidad de nuestros políticos se hizo pública cuando ellos la hicieron pública.

–El divorcio de Carlos Menem cuando una fuerza de seguridad se ocupó de sacar a Zulema de la Quinta de Olivos.

–No quería mencionarlo, pero ése es el concepto. Pero creo que somos una sociedad más libre y respetuosa. Tendencias hay, y brotes de puritanismo, por regla general bastante hipócritas, también, pero no llegamos al prohibicionismo instalado. En el fondo privilegiamos la libertad.

–En casi 28 de democracia es así, con excepciones como la del jueves 28 a la madrugada en Jujuy, y esto corre por mi cuenta y ni pido opinión, cuando una represión terminó en cuatro muertos con intervención de una empresa privada, la policía y funcionarios del gobierno jujeño.

–En los últimos 28 años la sociedad tuvo una evolución cultural que me asombra. A favor.

–¿Cuál fue la reacción de colegas y asociaciones de la Argentina y del exterior?

–Declaraciones individuales y colectivas, masivas, de apoyo. Lo siento mucho. No quise provocarlo.

–¿No hay intención de epopeya?

–De ninguna manera quiero ser protagonista de una epopeya. Sólo quiero dar las explicaciones que tenga que dar, o a quien no lo vea claro...

–¿Con permanencia en la Corte?

–Si el amarillismo me hiciera renunciar estaríamos perdidos.

–¿Esto entraría en la teoría del chivo expiatorio?

–No. El chivo expiatorio es identificar a alguien como autor de todos los males para cargárselos a él, que es sacrificado. Y suele ser un grupo. Los adolescentes y los jóvenes en la Argentina de los últimos años, por ejemplo. Poner todos los males de la sociedad en cabeza mía es un poco difícil.

–Una versión vinculó al arzobispo Jorge Bergoglio con la Fundación La Alameda, que hizo la denuncia, y con supuestas críticas directas.

–Tengo claro que el cardenal no tiene nada que ver con esta porquería.

–¿Hubo reunión con el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y con el ministro de Justicia Julio Alak para conversar del tema?

–Eso lo publicó La Nación. Las pocas veces que voy a la Casa de Gobierno entro y salgo por donde están los granaderos. No suelo reunirme en la Jabonería de Vieytes. Inventar esa reunión, que no existió, en el momento en que había un riesgo de que esto se corriese a la política y se convirtiese en un problema político, es una intriga peligrosa. Admito que alguien puede no estar de acuerdo conmigo y esté en las antípodas ideológicas, o que critique mis sentencias, pero inventar una reunión que no existió rompe toda regla de ética periodística.

–¿Para qué son las reuniones con funcionarios del Ejecutivo?

–Por cuestiones de Presupuesto, de leyes, de ajuste legislativo del mapa judicial, de habilitación de partidas, etcétera.

–¿De fallos?

–Nunca. Eticamente no podemos hablar de fallos con una de las partes.

–¿Este llamado “hostigamiento” puede ser atribuido a una causa que pueda llegar a la Corte?

–No, pero me suenan raras algunas cosas. Hubo acceso a los celulares de todo mi grupo de colaboradores. Ni yo tengo todos los números de todos. Tengo dos o tres y si es necesario se hace una cadena. También los hostigaron. Los llamaron hasta de madrugada, como a mí me dejen un vehículo en la puerta y sigan a cada persona que sale de mi casa. Alguien que quiere informar no hace eso. Investiga de otra manera. No descarto que pueda haber algún nivel de corrupción.

–¿En qué sentido?

–Personas que puedan pertenecer a una fuerza pública.

–Es fácil investigar la primera parte. Alguien de un consorcio cuenta algo y luego un periodista investiga.

–Por eso digo: conseguir todos los celulares no es tan fácil. Puede haber un motivo relacionado con posible corrupción. Desde hace un par de años, a través de una acción coordinada con un sector de la Policía Federal, promovimos el secuestro de casi cuatro millones de dosis de paco. Hay casi cien personas con instrucción terminada y elevada a juicio oral. En mi vida no me ahorro conseguir algunos enemigos y algunas envidias. Tengo para formar varios cuadros de fútbol, pero ahora se trata de otra cosa.

–¿El caso del paco es una hipótesis?

–Sí. Es un interés concreto perjudicado

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